De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela toda persona tiene derecho a ser amparada por los …. (Leer más) tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquéllos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

En MODUCAST orientamos, asesoramos y nos aliamos con nuestros colegas abogados, al tiempo que también asistimos y representamos a personas naturales y jurídicas en general, para el ejercicio de cualquiera de las modalidades de amparo constitucional. En tal virtud, ofrecemos apoyo a profesionales del derecho que requieran de nuestra contribución o cooperación en la solución de los casos y causas que patrocinan o que le han sido encomendadas, siendo nuestro principal objetivo la optimización del servicio prestado al cliente y consecuente satisfacción de sus requerimientos o necesidades.

Los abogados que conforman nuestro equipo  son conocedores de los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas Salas, por lo que se mantienen constantemente informados y actualizados, además de que cuentan con la pericia suficiente por haber trabajado una buena parte de su vida para esa institución, además de haber ejercido con éxito la profesión durante varios años.

Es por ello que en MODUCAST somos expertos en materia de amparo constitucional contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal; amparo contra autos, decisiones, resoluciones judiciales o sentencias, interlocutorias y definitivas, decretos o providencias de medidas preventivas y cautelares, nominadas e innominadas, o cualquier otro tipo de acto emanado de los tribunales o de los auxiliares de justicia; amparo contra actos administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, así como contra cualquier hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la Constitución y la Ley cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.

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